El Limbo Mexicano de la Reproducción Asistida

En 2016 nació el primer bebé con material genético proveniente de tres padres gracias a una técnica llamada remplazo mitocondrial; la cual permite sustituir el ADN mitocondrial de la madre por el de un donante. Así el bebe tiene el ADN de sus padres, más una porción del material genético donado. Esta técnica está prohibida en Estados Unidos, en el Reino Unido fue legalizada recientemente. Sin embargo este nacimiento no se dio en el Reino Unido, fue en México; esto fue posible porque como señaló el Dr. John Zhang, médico que lideró el proceso, no hay regulación en el país.

 

La falta de regulación permitió el uso de la tecnología para que una pareja cumpliera su sueño; sin embargo la falta de leyes pude dejar desprotegidas a muchas personas, pues pueden ser víctimas de abusos.

 

Esta no es la primera vez que hablo del tema en el blog (dediqué un espacio a la controversia de los embriones de la actriz Sofía Vergara). En esta ocasión quisiera presentar, con algunos ejemplos de casos, cómo los vacíos legales, en reproducción asistida, afectan los derechos humanos de quienes buscan formar una familia.

 

Las técnicas de reproducción asistida (TRA) han sido, desde hace casi cuatro décadas, la alternativa más exitosa para quienes quieren formar una familia y no puede (en México se estima que 1.5 millones de parejas sufren de infertilidad, pero menos del 50% asisten a un especialista).[1] Las TRA consisten en tratamientos o procedimientos que incluyen la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con semen de la pareja o un donante; y la manipulación ovocitos y de espermatozoides o embriones humanos para el lograr el embarazo.[2] Esto incluye técnicas como la fecundación in vitro (FIV), la transferencia de embriones, la transferencia intratubárica de gametos y embriones, la criopreservación de ovocitos y embriones, la donación de ovocitos y embriones, y el útero subrogado. [3]

Reproduccion-Asistida

 

Acceder a las TRAimplica el ejercicio de diversos derechos como el derecho a fundar una familia, a la igualdad, a la no discriminación, a la autonomía reproductiva, a la salud entre muchos otros; los cuales están reconocidos en la Constitución y diversos tratados internacionales. El uso de la tecnología para la reproducción ha suscitado acalorados debates en el ámbito médico, bioético, legal y político.

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia señaló que la existencia de leyes que prohíben el acceso a ciertos procedimientos de TRA constituyen injerencias “arbitrarias en los derechos a la vida privada y familiar, a formar una familia y a la igualdad de las personas con problemas de infertilidad.”[4]

 

En México la legislación en la materia es muy limitada; pues no hay una ley general que regule específicamente esos servicios. Esto implica que la regulación de la reproducción asistida se da bajo los criterios de la normativa aplicable a cada institución médica. Según datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en 2013 existían en México 52 centros autorizados para realizar TRA. La falta de una regulación específica puede dejar desprotegidos los derechos y la integridad física de las personas que buscan estos tratamientos. [5]

 

La ausencia de una ley general en reproducción asistida permite que una institución de salud puede establecer restricciones discriminatorias para los pacientes. Este fue el caso de una mujer de 36 años a quien el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) le negó el servicio al Programa Integral de Reproducción; ya que éste establece que sólo se podrá realizar el tratamiento a mujeres de hasta 35 años.[6] En este caso un juez señaló que el ISSSTE vulneró los derechos de la mujer pues, si bien el ISSSTE no es responsable por las omisiones y vacíos legales en la materia, el criterio de edad discrimina a las mujeres mayores de 35 años que desean formar una familia; por lo que señaló que el único criterio aceptable para negar el servicio es por una valoración médica, y no por edad.

 

Se han dado algunos intentos por crear leyes que regulen las TRA, como la iniciativa votada por el congreso en septiembre del año pasado; no obstante ésta ha sido considerada discriminatoria por varios especialistas ya que se establece como requisito, para acceder a servicios de T.R.A, que las parejas estén unidas en matrimonio; lo cual limita los derechos de parejas no casadas o personas solteras que desean tener hijos. Por otra parte han argumentado que las propuestas legislativas tiene graves errores en el uso de términos científicos, que pueden producir graves limitaciones a derechos, mal interpretaciones legales y/ofrenar el desarrollo científico. [7]

 

La rapidez de los avances tecnológicos hace que las leyes, que buscan regular el uso y desarrollo científico y tecnológico, suelan ir unos pasos atrás. Las diferentes T.R.A presentan retos particulares que requieren ser considerados con profundidad. Por ello es necesario que se dé una discusión abierta entre médicos, legisladores y especialistas, para generar un ley que regule los servicios de reproducción asistida, tanto en centros de salud públicos como privados, que dé seguridad a las personas que desean tener hijos. Sin embargo mientras siga el silencio, y no se discuta en público con especialistas, se seguirán afectando los derechos de las personas.

 

 

 

[1] http://informe.gire.org.mx/caps/cap6.pdf

[2] http://informe.gire.org.mx/caps/cap6.pdf

[3] http://informe.gire.org.mx/caps/cap6.pdf

[4] Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación In Vitro”) vs. Costa Rica. 28 de noviembre de 2012

[5] http://informe.gire.org.mx/caps/cap6.pdf

[6] https://gire.org.mx/declaran-inconstitucional-el-criterio-del-issste-que-restringe-tecnicas-de-reproduccion-asistida-a-mujeres-menores-de-35-anos/

[7] http://www.animalpolitico.com/blogueros-una-vida-examinada-reflexiones-bioeticas/2016/12/14/una-propuesta-ley-prohibe-embarazos-trasplantes/